Condenado por dos robos y absuelto por el homicidio de Ricarte: el fallo que dejó sin autor un crimen en Ataliva

Una misma sentencia contiene dos decisiones distintas. El fallo dictado el 26 de octubre de 2026 por la jueza Águeda Ramona Salteño condenó a Axel Micael Churquina a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por dos robos y, al mismo tiempo, lo absolvió de la acusación de homicidio doloso simple por la muerte de Mario César Ricarte, ocurrida en Ataliva. Las pruebas alcanzaron para sostener la primera acusación y no la segunda.

Los hechos contra la propiedad se registraron en mayo de 2024 en Moisés Ville y tuvieron como escenarios una vivienda particular y un establecimiento comercial. En ambos casos el ingreso se produjo mediante el escalamiento de las estructuras que delimitaban las propiedades. De la vivienda desaparecieron distintos elementos y del comercio se sustrajeron mercaderías y dinero.

Durante el juicio se analizaron testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y otros elementos vinculados con los movimientos del acusado. Con ese material, la magistrada consideró acreditada su participación y lo declaró autor de dos robos calificados por escalamiento, en concurso real. La reiteración de los hechos, los daños ocasionados y las circunstancias de los ingresos fueron tenidos en cuenta para fijar la pena.

La acusación más grave se vinculaba con la muerte de Ricarte, de 45 años, hallado sin vida en su vivienda de Ataliva a fines de mayo de 2024. Según informó el portal Rafaela Informa, la investigación determinó que presentaba una herida de arma blanca en el cuello, que derivó en una hemorragia y le provocó el fallecimiento.

En el debate se reconstruyeron momentos de los días previos al hallazgo y se analizaron los movimientos de Churquina por la localidad. La Fiscalía sostuvo que el acusado había participado del hecho y presentó una serie de indicios. La defensa, en cambio, cuestionó la interpretación de esas pruebas y afirmó que no había elementos concluyentes para establecer quién provocó la muerte.

El fallo reconoció que existían elementos que ubicaban al acusado en Ataliva y permitían reconstruir parte de sus desplazamientos, pero para la jueza eso no bastaba para demostrar que hubiera cometido el crimen. Se evaluaron las cámaras de seguridad, los testimonios de personas que habían tenido contacto con la víctima y los elementos hallados en la pesquisa.

La sentencia examinó además la posibilidad de que otras personas hubieran ingresado a la vivienda y las dificultades para precisar el momento exacto de la muerte. A ello se sumó la falta de un vínculo científico concluyente entre el imputado y el arma blanca que la Fiscalía asociaba al hecho. La magistrada entendió que las pruebas no permitían descartar otras explicaciones posibles.

El fiscal Martín Castellano había sostenido la acusación por los dos robos y por el homicidio, y en su alegato final reclamó 17 años de prisión de cumplimiento efectivo. La defensora Victoria Romano pidió la absolución y cuestionó distintos aspectos de la investigación y de la prueba. La resolución diferenció cada acusación: halló mérito suficiente para condenar por los delitos contra la propiedad y concluyó que, respecto del homicidio, el material probatorio no alcanzaba el grado de certeza exigido. La absolución se apoyó en el principio de la duda razonable.

El fallo dejó asentado que la muerte de Ricarte efectivamente ocurrió y que las pruebas no permitieron demostrar, con el estándar que exige una condena, que Churquina fuera su autor. La absolución no modifica las conclusiones sobre la existencia del crimen, aunque impide atribuirle responsabilidad penal con la evidencia disponible.

Ataliva queda así con una condena por hechos ocurridos en otra localidad y con una pregunta sin respuesta. Nadie fue señalado judicialmente como autor del homicidio de Ricarte, un vacío que sigue pesando en la comunidad.