"Los resultados del Acuerdo de Paz no son los que esperábamos cuando se firmó hace diez años, pero sí ha traído verdad y en parte reconciliación", dijo Adrianus Koetsenruijter, enviado especial de la Unión Europea para la Paz de Colombia, el 10.11.2026 en una conferencia en el Parlamento Europeo. El balance se impone tras una década de implementación y ante los nuevos y viejos desafíos que enfrenta el acuerdo firmado en La Habana entre las extintas FARC y el gobierno en 2016.
"No es solo un problema colombiano, sino un desafío para los europeos, que deben entender lo que está pasando ahí", afirma el político holandés que lleva en el cargo desde el 2024. "No se trata solo de drogas, sino de oro, petróleo, madera, personas, armas", señaló Koetsenruijter.
"En estos diez años, un firmante de paz ha sido asesinado en Colombia cada semana y cientos de líderes sociales también", dijo a DW Diego Tovar, firmante del Acuerdo y, desde 2024, uno de sus representantes y portavoces ante la ONU.
Enfocando la violencia que aún asola al país, sobre todo en los llamados territorios, las regiones más apartadas, Tovar matiza: "No obstante, es una hoja de ruta que ha dado resultados concretos: más de mil firmantes de la paz pasamos a la vida civil".
¿Por qué un acuerdo de paz ejemplar, con tanto apoyo internacional no arroja mejores resultados una década después? "Buena parte de las dificultades de este acuerdo fue la falta de voluntad política para implementarlo: esto quiere decir, dotar de recursos e incluir en el Plan Nacional de Desarrollo los compromisos adquiridos para garantizar la interlocución con el Estado desde las comunidades en los territorios", subraya.
Diego Tovar, presidente del Centro de Pensamiento Crítico y Diálogo Político, ve con buenos ojos que la Corte Constitucional de Colombia acabe de darle al nuevo gobierno un plazo de un mes para una estrategia clara para la implementación de un acuerdo que, inserto en la Constitución, "es una política de Estado, no de gobierno", recuerda.
Diego Tovar, firmante del Acuerdo de Paz entre las FARC y Colombia. (Bruselas, 11.11.2026).Banchón/DW
A la pregunta de si fracasó el acuerdo de paz o el concepto de "paz total", el firmante del acuerdo de La Habana tiene mucho para responder. "Lo primero que hay que decir es que el acompañamiento internacional y la apropiación del Acuerdo de Paz por parte de las comunidades y los territorios son los que han permitido mantenerlo vivo, a pesar de la negativa de algunos gobiernos a avanzar en esa dirección", continúa Tovar, en referencia al acompañamiento de Naciones Unidas y de la Unión Europea, sobre todo en cuanto a desarrollo rural, apoyo a sociedad civil y a las instituciones de la justicia transicional.
Por otro lado, "de los 1.540 asesinatos de líderes sociales, según datos de la Defensoría del Pueblo, hay apenas un 10 por ciento en investigación y solo un uno por ciento condenados", explica por su parte a DW María Cedeño, secretaria general de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y portavoz regional por el Atlántico a la Mesa Nacional de Garantías.
"Se trata de personas asesinadas por oponerse a quienes pretenden controlar los territorios; estamos hablando de confrontación con grupos armados, economías ilícitas y la lucha por el control de recursos naturales", afirma María Cedeño quien, a pesar de todo, no ve en las actuales tendencias militaristas la alternativa a una opción dialogada.
"La Paz Total, política del gobierno anterior, iba en esa dirección. Desde La Habana coincidimos con esa concepción para el desmonte de estructuras armadas", apunta Diego Tovar.
Tanto los desaciertos metodológicos como la falta de protección a las poblaciones y sus líderes territoriales, así como "la falta de una caracterización acertada de los nuevos actores armados, algunos más asociados a la criminalidad que otros -lo cual debe implicar un trato distinto en el diálogo-, llevaron al desgaste de la Paz Total y a una carga negativa que hoy recae en el Acuerdo de Paz", agrega.
María Cedeño, portavoz para la región del Atlántico y el Caribe en el Mecanismo de Garantías del Acuerdo de Paz. (Bruselas, 11.11.2026).Banchón/DW
Como fuere, las cifras evidencian la violencia en el país y los resultados de las instituciones de la Justicia Transicional son modestos. No obstante, Tovar y Cedeño coinciden: la guerra trae más guerra. Optar solo por la vía militarista, criminalizar a los líderes sociales y a las poblaciones rurales dejando al mismo tiempo sin financiamiento las instituciones de justicia llevaría a Colombia a una involución.
"Dialogar con base en una caracterización de los grupos armados permitiría diferenciar entre lo político y lo criminal, también con enfoque territorial. Los contextos son diversos en cada región: en una prima la minería, en otras el narcotráfico", apunta María Cedeño.
En este sentido, "la economía ilícita se ha metamorfoseado y se está apropiando de tierras para mercantilizar la biodiversidad. Gran parte del oro que se comercializa en el mundo se está extrayendo ilegalmente en ecosistemas frágiles como el Pacífico, en el Chocó o en la Amazonía colombiana", detalla Tovar.
¿Qué posibilidades hay de que el gobierno de Abelardo de la Espriella reabra un diálogo diferenciado? "Pocas. Está muy alineado con la concepción de seguridad desde una perspectiva armada y militar", responde Cedeño.
En este contexto detalla: "Podemos comprobarlo con la Ley de Sometimiento, recientemente aprobada: sin diálogo ni caracterización, si los grupos armados entregan rutas, información y personas, pueden acogerse a ella, conservando el 50 por ciento de las rentas ilícitas y pagando menos de diez años de condena". Contrapone la propuesta anterior del gobierno de Gustavo Petro, en la que se hablaba de un 10 por ciento de conservación de las rentas ilícitas con compromisos más fuertes en cuanto a verdad.
Por otro lado, "el actual gobierno ve a las comunidades como enemigas. Todo el que habla de paz, procesos de derechos humanos o desarrollo en los territorios es susceptible de ser tratado como terrorista", advierte María Cedeño.
"Estamos ante un escenario más adverso y ante una reconfiguración hacia un conflicto mucho más grave. Lo estamos viendo ya: en apenas tres meses han aumentado los desplazamientos, las ejecuciones extrajudiciales y los bombardeos", agrega, pidiendo fortalecer el acompañamiento de la comunidad internacional y no cejar en el apoyo a las instituciones del Acuerdo de Paz.
"Si esto no ocurre y se cierra el diálogo, estamos condenados a un conflicto eterno en el país", subraya.
Así las cosas, desde una Bruselas que apoyó desde su nacimiento el proceso colombiano, el enviado especial para la paz reconoce que el motor de la violencia en Colombia ya no es político, es económico. Los flujos de capitales que genera ese motor de economías ilícitas tienen efectos en Holanda, en España.
"Tiene efectos negativos en nuestros sistemas democráticos. El problema de Colombia es más global que el cambio climático", afirma Koetsenruijter, quien dice esperar una renovada implicación de la UE en la paz de Colombia.(cp)