BOGOTÁ, 13 nov (Reuters) - Cinco militares retirados del Ejército de Colombia fueron condenados el viernes por un tribunal de paz a sentencias de hasta seis años y medio de trabajos restaurativos como responsables de los asesinatos y desapariciones forzadas de 35 civiles reportados ilegalmente como guerrilleros muertos en combates.
Es la más reciente sentencia contra antiguos integrantes del Ejército por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), surgida de un acuerdo de paz en 2016 con la antigua guerrilla de las FARC y encargada de investigar a antiguos líderes rebeldes, a efectivos de las Fuerzas Militares y a civiles por su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto.
"Las Sanciones Propias se impusieron a los comparecientes luego de que los mismos aportaran verdad y reconocieran su responsabilidad por estos graves crímenes", dijo un comunicado de la JEP.
"Dichas sanciones contemplan restricciones efectivas de derechos y libertades, así como la obligación de realizar trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador (TOAR), orientados a contribuir a la reparación de los daños causados a las víctimas y las comunidades", explicó.
Los denominados "falsos positivos" o ejecuciones extrajudiciales fueron hechos de violencia en medio del conflicto armado interno de Colombia, que ha dejado más de 450.000 muertos y millones de desplazados.
La Comisión de la Verdad concluyó en 2022 que entre los años 2002 y 2008 se registraron 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de militares que los presentaron como guerrilleros muertos en combates para ganar condecoraciones, ascensos, viajes al exterior y días de descanso.
MILES DE MILITARES ANTE EL TRIBUNAL DE PAZ
Unos 4.000 miembros de la fuerza pública, de todos los rangos, incluidos 17 generales, se han sometido al tribunal de paz por los asesinatos y las desapariciones forzadas.
Decenas de efectivos del Ejército han sido detenidos y condenados por "falsos positivos" bajo el sistema de justicia ordinaria y algunas de las víctimas, cuyos restos no han sido devueltos a sus familias, son consideradas desaparecidas.
Los crímenes que originaron la condena del viernes se registraron entre 2002 y 2006 en zona rural del municipio de Dabeiba, en el departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia.
Los aportes a la verdad de dos mayores, un capitán, un sargento y un cabo, todos retirados del Ejército, permitieron recuperar 77 cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba. De estos, 18 han sido identificados y 17 entregados dignamente a sus familias, dijo la JEP.
Los trabajos restaurativos "incluyen reconstrucción de caminos y puentes, desminado humanitario, acciones de memoria, búsqueda de personas desaparecidas y proyectos productivos", explicó el tribunal.
Los antiguos comandantes guerrilleros, los militares y los civiles que revelen toda la verdad sobre sus acciones criminales en medio del conflicto pueden ser condenados a trabajos de reparación por un período de entre cinco y ocho años.
Pero los que no colaboren plenamente con el proceso pueden recibir penas de cárcel ordinaria de hasta 20 años.
Los máximos responsables que reconozcan los crímenes y aporten verdad deberán realizar trabajos como parte de la sanción, que no implica cárcel, pero sí restricciones de derechos y libertades, como permanecer en zonas delimitadas y bajo monitoreo, aunque podrán participar en política.
La JEP investiga más de 250.000 crímenes relacionados con el conflicto armado interno, que continúa financiado por el narcotráfico y la minería ilegal, pese al acuerdo de paz, según el Gobierno y fuentes de seguridad.
(Reporte de Luis Jaime Acosta)