El candidato ultraderechista a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, anunció que no reconocerá los resultados de la segunda vuelta de las elecciones celebradas el domingo, en las que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, ha logrado la reelección, y ha avanzado que su formación pedirá la anulación de los comicios tras la polémica prórroga del horario de votación.
En una declaración pública tras confirmarse la victoria de Lula con el 51,79% de los votos frente a su 48,21%, el representante del Partido Liberal (PL) ha calificado de "inaceptable" lo ocurrido durante la jornada electoral. Sus críticas se centran en la decisión del juez del Tribunal Supremo Federal, Cristiano Zanin, de ampliar el horario de votación en todo el país durante dos horas debido a los problemas registrados con el transporte público.
Bolsonaro ha acusado a Zanin, al que se ha referido como "exabogado de Lula", de cambiar "las reglas del juego en medio del juego" y de "atropellar a la justicia electoral especializada" al tomar la decisión a las 5:01 p. m., hora local de Brasil, momento en el que debían cerrar los colegios. "Esto nunca había ocurrido en la historia de Brasil, hubo una ruptura total de la igualdad entre los brasileños de diversas ciudades y estados", ha denunciado el candidato.
En este sentido, el líder conservador ha asegurado que los interventores de su partido fueron "retirados de la sala cofre" (el centro de procesamiento de datos) a partir del momento en que se tomó la decisión judicial. "Es imposible reconocer los datos de las elecciones en el contexto de cómo sucedieron estas cosas. Vamos a emprender acciones legales y solicitar la anulación de estas elecciones", ha aseverado Bolsonaro, instando a sus seguidores a que "no desistan".
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La extensión del horario de votación fue ordenada por el Supremo ante las denuncias por la falta de transporte para los electores, a petición principal de la campaña de Lula da Silva, si bien la propia candidatura de Bolsonaro también había solicitado previamente una ampliación, aunque limitada a cinco estados (Sao Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais y Rio Grande do Sul). La medida adoptada por Zanin obligó a paralizar el recuento inicial y se tomó pese a la oposición expresa del Ministerio Público Electoral.
La controversia ha sido abordada por el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Kassio Nunes Marques, quien ha asegurado que, si bien la Constitución atribuye al tribunal la competencia exclusiva de gestionar el proceso, la medida cautelar dictada por el Supremo tras el horario de cierre oficial "generó dificultades en el proceso electoral". Nunes Marques ha subrayado que "nunca en la historia del TSE hubo ninguna prórroga de este tipo" y ha advertido de que modificar los horarios de una elección es algo que "tiene que ser pensado, calculado y estructurado" debido a los efectos colaterales a nivel tecnológico.
Según ha explicado el magistrado en una declaración pública, el dictamen judicial se produjo a las 5:00 p. m., hora local de Brasil, cuando "miles de urnas (electrónicas) en el país ya estaban cerradas y su programación impide la reapertura".
Para evitar irregularidades y filtraciones, el TSE se vio obligado a ejecutar un "bloqueo" urgente en el sistema de recepción de boletines para que ningún funcionario de la Justicia Electoral tuviera acceso anticipado al contenido de los votos. Esta situación provocó una "retención extraordinaria" de datos a nivel nacional que generó incertidumbre técnica sobre la capacidad de almacenamiento de los servidores.
A pesar de que el escenario fue completamente "inusual", el titular del TSE ha afirmado que gracias a los esfuerzos administrativos y técnicos de la institución lograron solucionar los inconvenientes y liberar el flujo de datos a partir de las 7:00 p. m., hora de Brasil, con un ritmo seguro. "No hubo ninguna alteración derivada de la decisión judicial (...) Por lo tanto, tenemos absoluta seguridad de todo el proceso electoral", ha aseverado.
Para apuntalar la fiabilidad del pleito frente a las quejas del bolsonarismo, Nunes Marques ha aportado datos operativos. De las 499.248 urnas electrónicas habilitadas para esta segunda vuelta, apenas 1.551 precisaron ser sustituidas, lo que representa únicamente un 0,31% del total. Asimismo, ha destacado la labor de las misiones de observadores nacionales e internacionales, las cuales tuvieron pleno acceso a los mecanismos de auditoría y han certificado formalmente la "ausencia de interferencia externa en el proceso electoral".
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