La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a una reforma destinada a actualizar y ampliar el Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias, con el objetivo de fortalecer los controles y mejorar el cumplimiento efectivo de las cuotas alimentarias.
La iniciativa, que reunió propuestas de distintos bloques políticos y aportes del Poder Ejecutivo, busca facilitar el acceso a la información sobre las personas que deben pagar estas obligaciones y establecer consecuencias concretas para quienes mantienen deudas.
La diputada socialista Lionella Cattalini defendió el proyecto en el recinto y advirtió sobre las dificultades que enfrentan muchas familias para recibir los recursos destinados a sus hijos.
“Reconocer judicialmente un derecho alimentario no tiene sentido si después no se cumple en forma efectiva y a tiempo”, sostuvo.
En ese sentido, la legisladora citó datos de UNICEF según los cuales el 56% de las mujeres que no conviven con los padres de sus hijos no recibe la cuota alimentaria, mientras que el 68% la percibe de manera irregular.
Un registro digital y mayores controles
La reforma establece que el registro existente pasará a depender del Poder Ejecutivo y funcionará mediante un sistema digital, gratuito e interoperable. La herramienta permitirá reunir información sobre las personas que tienen obligaciones alimentarias y conocer si cumplen con los pagos correspondientes.
Además, contará con una sección específica para quienes sean declarados deudores morosos. El objetivo es que la Justicia y los organismos públicos dispongan de información actualizada sin que las familias tengan que recorrer distintas oficinas para obtener datos sobre quienes deben cumplir con la cuota.
La propuesta también contempla restricciones para las personas incluidas en el registro de deudores morosos. Entre las medidas previstas se encuentran la imposibilidad de ser candidatas a cargos electivos, la prohibición de cobrar premios de juegos de azar y limitaciones para ingresar a estadios de fútbol de primera división. También se establecen otras consecuencias vinculadas con trámites y beneficios públicos.
Los derechos de niñas y niños, en el centro
Cattalini remarcó que las cuotas alimentarias no constituyen una deuda común, ya que su incumplimiento repercute directamente en las condiciones de vida de niñas y niños.
“Estamos hablando de deudas que no son como cualquier otra. Detrás de cada cuota que no se paga hay derechos que quedan sin cubrir: la vivienda, el transporte, la educación o algo tan básico como unas zapatillas”, señaló.
La diputada también destacó que el proyecto surgió del trabajo conjunto entre diferentes bloques y el Poder Ejecutivo. En ese marco, sostuvo que las familias no deberían tener que investigar por su cuenta dónde trabaja una persona o cuáles son sus ingresos para lograr que sus hijos reciban lo que les corresponde.
Finalmente, afirmó que la iniciativa representa un avance para garantizar los derechos de niñas y niños y mejorar las respuestas del Estado ante el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.
“La cuota alimentaria no es una ayuda ni una concesión: es un derecho y una obligación que se tiene que cumplir”, concluyó.
