El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Tercera Nominación de Rafaela intimó al municipio de Sunchales a presentar un informe detallado sobre el estado de avance de las obras correspondientes a la primera etapa del Complejo Ambiental y del sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).
La resolución, firmada por el juez Mauro García, establece un plazo improrrogable de diez días hábiles para que el Ejecutivo municipal informe el porcentaje de ejecución de las obras, los trabajos realizados hasta el momento, el cronograma actualizado y los eventuales obstáculos que hayan demorado el proyecto, además de acompañar la documentación técnica respaldatoria.
El magistrado recordó que las sentencias en materia ambiental requieren un control permanente de su cumplimiento y expresó preocupación por posibles medidas que podrían representar un retroceso en la protección ambiental. En ese sentido, hizo referencia a la Ordenanza Nº 3268/2025, mediante la cual se impulsó la desafectación del predio destinado al Complejo Ambiental, señalando que esa decisión podría contradecir las obligaciones establecidas por resoluciones judiciales firmes y el principio de no regresión ambiental previsto en el Acuerdo de Escazú.
La resolución también pone el foco en los fondos provinciales destinados al proyecto. Según consta en el expediente, el municipio recibió un aporte de 304 millones de pesos para iniciar las obras de mitigación hídrica, aunque el tribunal advirtió que aún no fue presentado el informe semestral sobre el avance de los trabajos, tal como había sido ordenado.
Asimismo, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe deberá informar sobre la continuidad del proyecto y precisar si la normativa aprobada por el Concejo Municipal afecta el financiamiento otorgado por la Provincia.
El fallo advierte que, en caso de incumplimiento, podrán aplicarse sanciones económicas de una unidad jus por cada día de demora, además de eventuales responsabilidades penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Finalmente, el juez dispuso que toda la información vinculada a la ejecución de la sentencia sea de acceso público para garantizar la transparencia del proceso y el seguimiento por parte de la comunidad.
