El tribunal de paz de Colombia vive un momento "muy difícil" por los recortes de presupuesto impulsados por el gobierno del derechista Abelardo de la Espriella que amenazan su funcionamiento, dijo su presidente en entrevista con la AFP.
Nacida del acuerdo de paz de 2016 con las extintas FARC, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) juzga los peores crímenes y busca reconstruir la verdad tras más de sesenta años de conflicto entre la entonces guerrilla más poderosa del continente y el Estado colombiano.
Crítico del acuerdo por considerarlo indulgente con los exguerrilleros, De la Espriella prometió en campaña acabar con el tribunal y ahora impulsa recortes presupuestales superiores a 50 millones de dólares para 2027 y reformas que, según la JEP, ponen en riesgo su trabajo.
"Estamos en un momento muy difícil anímicamente", dijo a la AFP el miércoles Danilo Rojas, presidente de la JEP por los próximos dos años, desde su despacho en Bogotá.
"Redujeron sensiblemente el presupuesto y eso es un golpe duro", agregó.
El tribunal prevé penas alternativas a la cárcel a cambio de que los responsables cuenten la verdad sobre sus crímenes y reparen a las víctimas.
Según Rojas, la falta de recursos amenaza la ejecución de las sanciones y podría ralentizar los procesos judiciales.
"Hay que reducir el número de abogados y eso inmediatamente puede paralizar los procedimientos" y afectar sobre todo a las víctimas, dijo.
Además los magistrados deberán aumentar el trabajo virtual y mudarse a una sede más pequeña.
Rojas denunció la presión sobre la que trabajan los jueces de paz, víctimas de una campaña de "desprestigio" y "ataques mediáticos". Algunos han recibido amenazas de muerte y han sido objeto de seguimientos.
Tras más de ocho años de investigaciones y de escuchar versiones de víctimas y victimarios, la JEP comenzó a emitir sentencias sobre algunos de los episodios más atroces del conflicto.
"Si a eso le sumamos que hay unas condiciones de trabajo distintas por virtud de un recorte presupuestal, en donde estamos en el momento de mayor producción (...) es descorazonador y, digamos, difícil psicológicamente", asegura.
Hasta el momento, la JEP emitió dos sentencias y sigue investigando temas como el reclutamiento de menores, la violencia sexual y los crímenes contra indígenas durante el conflicto.
Pero sus avances podrían terminar abruptamente si el tribunal cierra sus puertas en 2028, como promueve el gobierno en una reforma presentada en el Congreso.
Sería "un triunfo de quienes nunca estuvieron de acuerdo con el proceso de paz", dijo el magistrado a días del décimo aniversario del tratado con las FARC, que aún polariza a los colombianos.
Pese a los roces, Rojas dijo sentirse "agradecido" y tener "mucha expectativa" frente a la primera reunión de la JEP con el gobierno, prevista para este jueves.
Tras años escuchando relatos sobre secuestros, masacres, desapariciones y ejecuciones, lo que más ha impactado a Rojas son los encuentros entre víctimas y victimarios promovidos por el tribunal.
"Los encuentros de reconciliación son impresionantes", dijo.
El magistrado recuerda especialmente a un militar condenado que cayó de rodillas frente a sus víctimas cuando estas le dieron su perdón, una escena que se viralizó en redes sociales.
"Esa palabra parece totalmente proscrita, pero yo creo que es un acto de amor", afirmó sobre esa reconciliación.
"Parece imposible que un perpetrador de un grave crimen confiese, se arrepienta, pida perdón y, lo que parece aún más inverosímil, que la víctima lo reconozca como un ser humano que se equivocó", añadió.
Después de décadas de guerra y millones de damnificados, esos emotivos momentos dan fuerzas a la entidad y sus trabajadores para seguir, según el magistrado.
"Con coraje, con responsabilidad, con mucha templanza, vamos a cumplir la responsabilidad que tenemos", concluyó.